FUENTE: EL PAIS

El Salvador es uno de los países más duros del mundo con quienes interrumpen su embarazo: hasta 50 años de cárcel. Su segunda condena es vivir bajo el estigma social

Estas mujeres sufren dos cárceles. La primera es este penal de hormigón en el que hace un calor pegajoso. Aquí cumplen 30 años de prisión en un país, El Salvador, que considera que quienes abortan o pierden a sus hijos por complicaciones obstétricas son homicidas. En un país con una de las legislaciones más restrictivas del mundo contra el aborto, su segunda cárcel es el estigma que las lleva a no contar el motivo por el que están aquí encerradas. Por eso algunas de ellas ni siquiera se conocen entre sí. Las demás las llaman mataniños.

Ese mismo estigma pesa también para las familias. A Evelyn, de 32 años, encarcelada hace 10 y con 20 de condena por delante, la denunció su propia hermana. “Ya la perdoné”, dice la presa. Nadie le manda el dinero que necesita para comprar productos de higiene personal. Trabaja en la obra del penal, que abrió en marzo sin estar acabado del todo. Por cada día de trabajo, dos de redención de pena. Su hijo Cristopher tenía tres años la última vez que lo vio. Ahora es un adolescente con el que habla por teléfono cuando consigue reunir el dólar que vale un minuto de conversación: “Dice que quiere ser abogado, luchar por sacarme de aquí”. Cabecea y mira al infinito mientras justifica su desgracia en l

Evelyn observa con la mirada recia de quien ha pasado demasiadas penalidades. La delató su propia hermana: “Ya la he perdonado”

El penal de mujeres de Izalco está a dos horas en coche al oeste de San Salvador, la capital. Un portón grande y un muro coronado de concertinas separan el interior de la calle. No hay más puertas. “Si se escapan es peor. Aquí el peligro está fuera”, explica una funcionaria. La zona en la que se asienta el penal está controlada por las maras, las violentas pandillas de El Salvador.

“Si Dios permitió que este incidente ocurriera es porque me quería traer aquí para disciplinarme”, continúa Evelyn. Observa con la mirada recia de quien ha soportado demasiada penalidad para una vida tan corta. Se quedó huérfana de padre a los 14 años después de que fuera asesinado. Ella fue la que acudió a reconocer el cadáver. Abandonó los estudios y empezó a encadenar trabajos mal pagados de jornalera o cocinera. Ganaba 54 dólares al mes cuando fue apresada.

El relato de lo que ocurrió difiere de forma patente entre lo que cuentan ella y sus defensoras y lo recogido en la sentencia. Su pareja, 17 años mayor, la maltrataba y renegó de la niña que iban a tener: “Decía que ese bicho no era de él”, recoge la sentencia. A las 38 semanas de gestación, según el relato de su defensa, estando sola, tuvo un parto precipitado extrahospitalario en una letrina y “producto de la situación que estaba viviendo” —las palizas, el rechazo, el trauma por la muerte del padre— sufrió esa madrugada un trastorno mental transitorio y su hija, recién nacida, se le cayó por la letrina y murió.

Ese mismo estigma pesa también para las familias. A Evelyn, de 32 años, encarcelada hace 10 y con 20 de condena por delante, la denunció su propia hermana. “Ya la perdoné”, dice la presa. Nadie le manda el dinero que necesita para comprar productos de higiene personal. Trabaja en la obra del penal, que abrió en marzo sin estar acabado del todo. Por cada día de trabajo, dos de redención de pena. Su hijo Cristopher tenía tres años la última vez que lo vio. Ahora es un adolescente con el que habla por teléfono cuando consigue reunir el dólar que vale un minuto de conversación: “Dice que quiere ser abogado, luchar por sacarme de aquí”. Cabecea y mira al infinito mientras justifica su desgracia en la voluntad divina: “Todo pasa porque Dios lo permite, ni la hoja de un árbol cae sin que Él quiera”.

Evelyn observa con la mirada recia de quien ha pasado demasiadas penalidades. La delató su propia hermana: “Ya la he perdonado”

El penal de mujeres de Izalco está a dos horas en coche al oeste de San Salvador, la capital. Un portón grande y un muro coronado de concertinas separan el interior de la calle. No hay más puertas. “Si se escapan es peor. Aquí el peligro está fuera”, explica una funcionaria. La zona en la que se asienta el penal está controlada por las maras, las violentas pandillas de El Salvador.

“Si Dios permitió que este incidente ocurriera es porque me quería traer aquí para disciplinarme”, continúa Evelyn. Observa con la mirada recia de quien ha soportado demasiada penalidad para una vida tan corta. Se quedó huérfana de padre a los 14 años después de que fuera asesinado. Ella fue la que acudió a reconocer el cadáver. Abandonó los estudios y empezó a encadenar trabajos mal pagados de jornalera o cocinera. Ganaba 54 dólares al mes cuando fue apresada.

CASOS RESUELTOS FRENTE A UNA ALTA IMPUNIDAD

Desde 1998, El Salvador no permite el aborto en ningún supuesto, como también ocurre en otros países de América como Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití o República Dominicana. Las naciones más restrictivas con la interrupción voluntaria del embarazo están en el hemisferio sur. (Ver aquí mapa).

Además de considerar homicidas a las mujeres que abortan, el Código Penal de El Salvador prevé penalizaciones para los supuestos cómplices, con hasta 12 años para los médicos o farmacéuticos que colaboren en un aborto. Por eso a veces las mujeres son denunciadas desde el propio hospital cuando acuden desangrándose. Sobre ellas recaen penas de 30 a 50 años. Las organizaciones feministas denuncian que es de los pocos delitos que registra un nivel alto de condenas en un país con una impunidad muy alta. Apenas uno de cada 10 homicidios llega a juicio en El Salvador. Este dato lo publicó el diario digital El Faro, de El Salvador, que en 2016 reclamó a través de la ley de transparencia del país los casos llevados a tribunales en 2015. Más de 6.000 asesinatos quedaron impunes.

 

 

 

 

 

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