ESTE TEXTO NO ES MÍO SINO DE:

Dr. Oscar Andrés De Masi
Ex Asesor Legal y Ex Vocal Secretario de la Comisión Nacional de Monumentos
Ex Regente de la Escuela Nacional de Museología

Distraigo su amable atención para referirme a la entrevista realizada por Usted a la señora presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos (publicada en InfoBae el 3 de enero de 2020), que me hicieran llegar algunos amigos y amigas vía WApp.

No he de referirme únicamente al episodio que motiva la nota (la desmaterialización de una escalera y dos lucarnas en la Casa de Gobierno), sino, además y mayormente, a los desconcertantes párrafos en los cuales la entrevistada alude a las competencias legales de la Comisión Nacional y a otros aspectos normativos y conceptuales que atañen a los bienes patrimoniales declarados.

Aún siendo algo extensos, los renglones que siguen podrían aclarar algunas cuestiones en la cabeza de los lectores menos familiarizados con la materia, ya que, a mi juicio, aún conserva su fuerza el dictum que expresara esa mujer docta llamada Teresa (pero de Ávila): que son gran cosa letras/ para dar, en todo, luz…

Me permito llamar su atención, respetuosamente, acerca de algunas preguntas subsiguientes que cabría formular, a partir de las confusas respuestas de la funcionaria. En tales preguntas (no formuladas por Usted) y en las potenciales respuestas (no pronunciadas por la funcionara) quizá se halle la clave para entender la conducta de la Comisión Nacional de Monumentos frente al atropello de ciertos sectores de ese “todo-patrimonial-tutelado” que es la Casa Rosada.

A-LAS ATRIBUCIONES LEGALES DE LA COMISIÓN NACIONAL EN LA LEY  27103 Y EN SU DECRETO REGLAMENTARIO- LA CUESTIÓN DE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

Dice la funcionaria entrevistada: Nosotros antes de noviembre de 2015 podíamos llegar y paralizar una obra. Teníamos el poder de policía, pero a partir de esa fecha, justo antes de que ingresara macro, se cambió eso. La Comisión dejó de tener esa capacidad de detener una obra para pasarlo al ministro de Cultura. Y sólo podemos hacer recomendaciones al ministro…(sic) En 2015 se reglamentó nuevamente el funcionamiento de la Comisión. Se cambiaron unas cuantas cosas, entre ellas ese poder…(sic).

La Ley 27103 del año 2015 vino a actualizar a la Ley 12665 (cuyo número de origen se preservó, deliberadamente, por su fuerte identidad jurídica en la materia, ya que data de la época de Ricardo Levene). 

El inciso a) del artículo 1º Ter de la Ley 27103 mantiene la atribución de la Comisión Nacional de ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales protegidos en los términos de la presente ley…etc. Vale decir, en nada conculca al organismo atribuciones que le son propias desde el origen. 

Ahora bien, el decreto reglamentario Nº 2525/15 en el Anexo I, artículo 1º Ter, introduce la novedad de que el organismo podrá pedir al Ministerio de Cultura la paralización de las obras que no se ajusten a las pautas establecidas, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas en este Ordenamiento y en el Código Penal. 

Cabe formular entonces la pregunta: ¿Instó la Comisión, por vías fehacientes y perentorias, a acatar su resolución previa y vinculante? ¿Pidió la Comisión Nacional al Ministerio de Cultura la paralización inmediata de las obras no autorizadas en la Casa Rosada?

B-EL CARACTER VINCULANTE DE LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL Y LAS VÍAS IDÓNEAS PARA PROPENDER A SU ACATAMIENTO

El inciso l) del artículo 1º Ter de la misma norma establece claramente, entre las atribuciones de la Comisión Nacional, Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar y supervisar todas intervención material sobre los bienes protegidos.

Cabe formular aquí la pregunta: ¿Hizo valer la Comisión Nacional, por las vías administrativas o judiciales idóneas, el carácter vinculante de su intervención previa al inicio de los trabajos? ¿Dio intervención al servicio jurídico permanente del Ministerio de Cultura?

EN RESUMEN

En suma, aún admitiendo provisoriamente (y digo “provisoriamente” porque la cuestión merece un análisis jurídico más afinado y, especialmente cuando el caso conlleve una urgencia tal que toda dilación derive en la pérdida material de patrimonio, donde quedaría expedita la vía de una actuación administrativa sometida a ratificación ulterior por el superior jerárquico) que a la Comisión Nacional le haya sido “retaceada” la potestad de paralizar las obras desviadas de sus recomendaciones, ello no implica en modo alguno que el organismo deba permanecer embalsamado, contemplando el atropello con el mutismo de un monje trapense. Y menos aún, como afirma la funcionaria, ¡a sabiendas de que se iba a contrariar su criterio vinculante! Porque la respuesta de la entrevistada, a fuer de sincera, se construye como un alarmante  sofisma: Lo que hicimos entonces fue no autorizar la escalera, pero sí sabíamos que se iba a hacer porque ellos querían hacerla igual. Y nosotros, ahí, no dijimos nada…(sic)

¿Cómo ha de calificarse -moral y legalmente- la conducta de aquel funcionario público que, a sabiendas de que se ha de incumplir su recomendación técnica vinculante, y que ello redundaría indefectiblemente en un agravio al patrimonio, opta por guardar silencio? En otro tiempo, una tensión de esta índole daba motivo para una elegante renuncia. 

C- LA ACCESIBILIDAD COMO COARTADA

Dice la entrevistada: Muchas veces debemos hacer cambios que no son los ideales. Otro ejemplo es la accesibilidad, que es obligatoria. Todas las personas con medios de locomoción disminuida tienen erecto a a entrar por la puerta principal. eso muchas veces, en un monumento histórico nacional, poner una rampa acá, otra allá, es estropearlo, pero nosotros lo tenemos que hacer…(sic) 

La respuesta es de una inexactitud rayana en el disparate, toda vez que, precisamente, las normas sobre accesibilidad universal encuentran su excepción, su nec plus ultra, en los casos de edificios con tutela patrimonial. En tales circunstancias, los dispositivos móviles del tipo “rampa”, perfectamente reversibles, son una solución que la jurisprudencia de la Comisión Nacional vino proponiendo -al menos antes de la gestión de la entrevistada- para satisfacer a un mismo tiempo la demanda legítima de accesibilidad y la preservación de la materialidad del bien afectado. De memoria cito, ahora, dos casos en que me tocó emitir voto, consistente con este criterio mediador: el peristilo del Cementerio de la Recoleta y la Iglesia de San Miguel Arcángel.

D-YA EXISTE UNA NUEVA LEY EN MATERIA DE PATRIMONIO MONUMENTAL-NECESIDAD DE UNA LEY FEDERAL DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL

Dice la entrevistada, con la solemnidad lacónica de un apotegma ateniense: Falta una nueva ley de monumentos históricos nacionales…(sic) 

La funcionaria parece no haberse enterado de que esa “nueva ley” (que tan arduamente se logró sancionar luego de varios años de trámites, borradores, reuniones, idas y vueltas parlamentarias etc.) ya existe, maguer sus limitaciones, y es precisamente la Ley 27103, que actualiza, sin derogar, a la Ley 12665.

Lo que falta, en rigor, no es una  “ley de monumentos históricos nacionales” (sic), sino más bien una Ley Federal del Patrimonio Cultural en sus aspectos integrales, materiales e inmateriales. Restringir la necesidad de una nueva norma al ámbito acotado de los “monumentos históricos” (vale decir, a solo una de las trece categorías que enuncia el artículo 4º de la Ley 27103) , luce como de una indigencia de miras sorprendente a esta altura de nuestra reflexión doctrinaria vernácula acerca del Patrimonio Cultural, su teoría, su praxis y su normativa.

Por otra parte, si la Comisión Nacional quisiera recuperar facultades “de policía” que el decreto reglamentario le asigna a la jurisdicción de Cultura, para ello no hace falta una nueva ley: bastaría con tramitar una modificación (consensuada con la superioridad) al decreto PEN Nº 2525 en la parte pertinente. 

E- INEXACTITUDES EN MATERIA DE POBLADOS HISTÓRICOS- ¿EXISTEN PLANES DE MANEJO Y PAUTAS DE VALORACIÓN PARA LOS CASOS DECLARADOS?

Al introducir la gaseosa categoría de los “pueblos olvidados” (sic), la entrevistada dice, con evidente yerro, que: Nosotros ya empezamos con ese trabajo y ya tenemos 10 declarados como monumentos históricos nacionales…(sic)

La declaratoria patrimonial de los “poblados históricos”, para designarlos con precisión, de ninguna manera comenzó con esta gestión de la Comisión Nacional, ya que reconoce antecedentes en gestiones precedentes, como el caso del casco histórico de Carmen de Patagones, declarado en el año 2003, cuando el organismo estaba presidido por un historiador y gestor patrimonial de fuste: el arquitecto Alberto de Paula. Téngase presente que en aquel momento se trabajaba este concepto del “poblado histórico”, aún sin disponer de tal categoría en la Ley 12665. 

Por otra parte, la Ley 27103 contempla, en el artículo 4º, un menú de alternativas para este tipo de conjuntos, que incluye el Poblado Histórico Nacional (inc. 3), el Area Urbana Histórica Nacional (inc. 4), el Paisaje Cultural Nacional (inc. 12) y el Itinerario Cultural Nacional (inc. 13). Con ello quiero significar que luce como inadecuado, y anacrónico, disponiendo de estas categorías, seguir aplicando el rótulo de “monumentos históricos nacionales” (sic) , como los designa la entrevistada, a estos bienes que connotan la escala del territorio y el valor de conjunto.

También cabría formularse la pregunta, ante estas declaratorias que la funcionaria enuncia: ¿Van acompañadas de un “Plan de Manejo”? ¿Indican con exactitud, en cada caso, las “Pautas de Valoración” (Niveles de Interés numéricos y Categorías de Protección alfabéticas) contenidas  en la Disposición Nº 16/2007 de la propia Comisión Nacional?. Lo pregunto como ciudadano, porque no conozco la respuesta y me parece que de ella depende la sustentabilidad práctica de estas declaratorias, y no su mero efecto retórico-mediático.

F- LA CASA ROSADA: SEGUIMOS SIN SABER QUÉ AUTORIZÓ EXACTAMENTE LA COMISIÓN NACIONAL-NECESIDAD DE CONOCER LAS ACTAS DEL CUERPO COLEGIADO DONDE SE TRATÓ EL MASTER PLAN Y OTROS ASPECTOS DE LA INTERVENCIÓN.

En lo tocante a la polémica concreta por las obras en la Casa Rosada, únicamente haré esta observación: los Informes Técnicos , como antecedentes preparatorios del acto administrativo, no son el instrumento que expresa la voluntad del organismo frente a una propuesta de intervención. Tal instrumento es la resolución contenida en un acta del comité ejecutivo, ratificada por el cuerpo directivo en pleno; o, directamente, en un acta del cuerpo plenario. Así funcionan los organismos colegiados. Hasta que la opinión pública no conozca el texto literal, completo y, de ser posible, facsimilar, de tal acta, no sabremos con total certeza qué aprobó y que desaprobó la Comisión Nacional en ejercicio de las atribuciones que le confiere el  inciso l) del artículo 1º Ter de la Ley 27103.

G-LA ESCALERA RETIRADA ES, HOY, UN BIEN PATRIMONIAL DESMEMBRADO DEL MONUMENTO

Una reflexión adicional respecto del punto anterior: la entrevistada afirma conocer el lugar de depósito de la escalera retirada: Sabemos que está toda inventariada en un depósito en Villa Martelli, en Tecnópolis, que están los mármoles y que están las barandas. Eso lo chequeamos…(sic).

Y nos preguntamos: ¿En qué condiciones de conservación “están” esos mármoles y esas barandas? ¿Le basta a la Comisión Nacional con sólo “saber” “dónde” está depositada la escalera retirada? ¿No correspondería su resguardo, de momento, en el Museo de la Casa Rosada?

Pero, más allá de conocer las condiciones ambientales de conservación que ofrece ese lugar, es  interesante preguntarse: ¿Cómo se ha procedido administrativamente, desde la Comisión Nacional, respecto de esa pieza auténtica del equipamiento de la Casa Rosada, conforme lo normado en la Ley 25197, art. 2º inciso 3), en tanto parte “desmembrada” del monumento declarado? ¿Se ha advertido a Tecnópolis acerca de esta situación legal? ¿Quienes son los funcionarios responsables, ahora, de su debida custodia? ¿Ha intervenido a los efectos de la norma citada el Ministerio de Cultura?

Agradezco desde ya la cortesía de la atención que quiera Usted prestar a las presentes lineas que, espero, sean útiles para aclarar las inexactitudes, ambigüedades y dudas que permanecen en el ánimo de lector, tras la lectura de la entrevista a la funcionaria designada por la gestión presidencial de ese espacio político denominado “Cambiemos”.

Cordiales saludos

Dr. Oscar Andrés De Masi
Ex Asesor Legal y Ex Vocal Secretario de la Comisión Nacional de Monumentos
Ex Regente de la Escuela Nacional de Museología

EL LANPODCAST DE ESTA SEMANA ES PARA MIS CARTAS DEL TAROT

 

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