ESTE TEXTO NO ES MIO SINO DE MARIANA CARBAJAL PARA PAGINA 12

En Uruguay la prostitución está regulada como “trabajo sexual” desde 2002. Sin embargo, la ley no trajo grandes mejoras en las condiciones laborales para las prostitutas registradas. En cambio, benefició a dueños de whisquerías, advierte Karina Núñez, activista y fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa. “La ley 17.515 solo permite trabajar en whisquerías, bares de camareras o en áreas delimitadas por cada intendencia, las famosas zonas rojas. Nos quitan la autonomía, y esos ‘kilombos’ siempre son de otros. ¿Cómo hacemos nosotras para juntar la cantidad de plata para abrir un negocio? Esto ha generado que uno de los cuatro grandes traficantes que maneja el negocio del comercio sexual en el país tenga 240 locales, de los 7000 que se calcula que hay en todo el país”, dice Karina Núñez. Por eso, milita para modificar la ley y exige que sus voces, las de las trabajadoras sexuales, sean escuchadas y tenidas realmente en cuenta por el Estado. “Que se dejen de hablar de nosotras y hablen con nosotras”, pide en diálogo con Página/12.

La experiencia uruguaya puede ser interesante para analizar, en el marco del debate que se abrió en el país en los últimos días a partir de la difusión del afiche que eligió Jimena Barón para promocionar su nueva canción titulada “puta”, con una estética similar a la de volantes que promocionan el comercio sexual, pegados en postes, marquesinas de publicidad, y tachos de basura en microcentro, y que investigaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), han vinculado, en algunos casos, a redes de proxenetas.

Karina Núñez trabaja en la ruta, en lo que ella describe como “el interior profundo” de Uruguay, en una localidad pequeña. Anda de a dos o tres, cuenta. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron también prostitutas. A ella, dice, le hubiera gustado ser maestra. Pero siguió la tradición familiar como “trabajadora sexual”. Es autora del libro “El ser detrás de la vagina productiva”, para el cual, cuenta, entrevistó a unas 300 trabajadoras sexuales para poder visibilizar sus vidas en primera persona. En Uruguay es referente de las trabajadoras sexuales.

Se la escucha orgullosa porque la menor de sus seis hijes, de 18 años, se acaba de inscribir para estudiar en la Facultad de Derecho. “Va a ser la primera universitaria de nuestra casa”, cuenta, a través del teléfono. Su otra hija mujer, que tiene 27 años, es empleada en una librería. “Son las primeras mujeres de la familia que no fueron explotadas sexualmente ni entraron al círculo del trabajo sexual”, destaca.

–¿Usted hubiera querido que sus hijas sean trabajadoras sexuales?

–Que sean lo que quieran ellas pero que no sean oprimidas. Si me decís trabajadoras sexuales sí, prostitutas no.

–¿Cuál es la diferencia?

–Siendo trabajadora sexual, la ley en Uruguay te ampara. Podés tener visibilización como sujeto obrero. Te da la categoría de trabajadora, no es simplemente el hecho de comercializar tu cuerpo por especias.

–¿Qué cambió con la ley 17.515 sancionada en 2002?

–Se nos empezó a meter menos presas, a dar preservativos, y se nos incluyó en el banco de previsión social para poder empezar a aportar para la jubilación.

La ley establece que “son trabajadores sexuales todas las personas mayores de 18 años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie. Se autorizará el ejercicio del trabajo sexual a aquellas personas que estén inscritas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y posean el carné sanitario con los controles al día”.

–Si un cliente no me paga, voy con mi libreta sanitaria a la jefatura de policía, y también puede intervenir un juzgado para demandarlo.

–¿Le pasó alguna vez?

–Dos veces. Y las dos veces pagaron. La primera vez, en la jefatura de policía porque el cliente aludió estar borracho y no haberse dado cuenta. Y la segunda en una instancia prejudicial. Esto fue en año 2007, 2008.

Según datos, de 2018, de la Dirección Nacional de Policía Científica, de Uruguay, en el Registro Nacional de Trabajo Sexual se inscribieron 12.358 personas, 11.559 mujeres y 799 varones (así figuran). De ese total, solo 80 están aportando a la seguridad social. Esto se debe, dice la activista, a que las trabajadoras no se afilian por falta de conocimiento para llevar a cabo los trámites necesarios para hacer los aportes jubilatorios y la lejanía entre el Estado, sus instituciones y las propias trabajadoras. “No hubo ninguna campaña informativa. Si no enseñás para qué sirven las herramientas es difícil que las usen. Muchas de las compañeras ni siquiera saben que tienen derecho a denunciar alguna forma de violencia aunque sean trabajadoras sexuales. Algunas compañeras no van a la policía porque consideran que no tienen derecho a ser cuidadas”, dice. Las trabajadoras sexuales organizadas estiman que por cada prostituta registrada “hay tres que no lo están” porque, en realidad, inscribirse “no les aporta ningún beneficio”.

La libreta sanitaria se tramita en cualquiera de las 58 policlínicas de profilaxis, que tiene el prestador del Ministerio de Salud, y las habilita a trabajar en locales.

–Te tiene que ver un médico. Con esa libreta, vas a la jefatura de policía en localidades del interior, o al Ministerio del Interior, si estás en la capital, y te hacen un prontuario de prostitución. Te sacan foto, de frente y perfil, con un número de ficha de prostitución. Volvés a la semana y te entregan el carnet. Dura dos años y cuesta casi 2000 pesos uruguayos, unos 53 dólares. Si sos extranjera, tenemos un gran caudal de mujeres dominicanas y de otros países de Centroamérica trabajando, necesitás documento uruguayo para iniciar el trámite. Cuando vas a otra localidad, tenés que pasar por la comisaría y avisás adónde vas. Eso, nosotras, estamos pidiendo que lo deroguen porque coarta la libertad de circulación: lo pusieron porque decían que ayudaba a rastrear a las víctimas de trata. Los tratantes se matan de risa porque nunca las llevan a la comisaría.

–¿Son monotributistas?

–Si, unipersonales, autónomas. Tenés obras social y jubilación. Yo estoy pagando 1751 pesos por mes (46 dólares): arranqué pagando 233 pesos uruguayos (6,17 dólares) en el 2003. Si una compañera quisiera arrancar hoy tiene que pagar 534 pesos uruguayos (14,14 dólares). Tenemos boletas que descuentan IVA. Doy una factura. Te genera un costo el postnet para el uso de la tarjeta de débito.

–¿Cuánto gana aproximadamente?

–El año pasado, estuve enferma, con un cáncer de cuello de útero. No me habilitaron la libreta y no pude trabajar. En 2018, cerré con 218 mil pesos uruguayos anuales (5772 dólares). Nunca trabajé una jornada de 12 horas, siempre por mi cuenta, en la ruta.

–¿La ley benefició a las mujeres en prostitución?

–No, benefició a los dueños de los locales. La ley quedó vieja. Solo permite trabajar en whisquerías, bares de camareras o en zonas delimitadas por cada intendencia, las famosas zonas rojas. Nos quitan la autonomía, y esos “kilombos” siempre son de otros. ¿Cómo hacemos nosotras para juntar la cantidad de plata para abrir un negocio? Esto ha generado que uno de los cuatro grandes traficantes que maneja el negocio del comercio sexual en el país, tenga 240 locales, de los 7000 que se calcula que hay en todo el país.

Tiene 46 años pero a sus clientes les dice que tiene 56 porque “cuanto más vieja sos, tenés más experiencia, te pagan por ser psicosexóloga”, dice y se ríe. “El órgano más caro que tengo es mi oreja, no mi vagina”, agrega. También dice que 7 de cada diez hombres que van a pagar servicios sexuales no llegan a una penetración “porque la sexualidad y la erotización van más allá del coito”.

–Nosotras llegamos a tener en la noche hombres que nos pagan por copa, disfunciones eréctiles, consejos sobre relaciones de pareja, vínculos fracasados y hasta les damos recomendaciones de cómo cuidar el tomate. En los pueblos, para los hombres es mucho más redituable que lo vean entrar dos o tres veces a un kilombo que al consultorio de un psicólogo o psiquiatra”, dice.

En diciembre le dieron el alta del tratamiento oncológico y ya puede trabajar, aunque no tienen ganas, dice. Pero no le quedan opciones: “¿Quién paga mis cuentas?”.

En 2017, cuenta, se presentó para un llamado de auxiliar de limpieza en su pueblo, Young, en el departamento de Río Negro. Del total que se presentaron para el puesto, quedaron cinco postulantes. Una fue ella:

–Cuando me hicieron la entrevista, me dicen que no poseo actividad laboral formal. A lo que respondo, que no he trabajado en otra cosa que esto desde los 12 años, cuando fui explotada sexualmente por primera vez por un vecino del barrio que me pagó a cambio de mi cuerpo.

–¿Y a partir de ahí siguió …?

–Si, seguí.

–¿Le hubiera gustado dedicarse a otra cosa?

–Me hubiera gustado ser maestra. Al final terminé siéndolo, pero no formalmente.

–¿A qué se refiere?

–Una enseña a tener sexo saludable, sin riesgo, respetuoso. Yo atiendo a personas muy mayores, con discapacidades notorias, o con estereotipos no marketineros.

–¿Por qué defiende la prostitución como trabajo?

–La defiendo porque es el mecanismo que encontré para visibilizarme como persona a falta de otros, inexistentes en mi camino de ser pobre.

–¿Ha sufrido violencia machista en prostitución?

–Que mujer no ha sufrido violencia. Por ser mujer, no por ser prostituta o trabajadora sexual. Es cierto que en prostitución, se acentúa en algunos aspectos. ¿Qué pasa en la violencia en todos los ámbitos? ¿Sabés cuantas trabajadoras sexuales murieron por femicidio el año pasado en Uruguay? Una. ¿Sabés cuántas mujeres murieron por femicidio que no ejercían el trabajo sexual? 37. ¿Quién sufre más violencia? ¿Nosotras trabajando o ellas casándose? –responde, contundente.

En relación a las redes de trata para explotación sexual, Karina Núñez, cuenta que ha colaborado con la justicia para desbaratarlas, en 671 procedimientos desde el año 2009, “generando mapeos, teniendo el primer contacto”.

–¿Sabes cuantas gurisas se rescataron de redes de trata por mi colaboración? 27, el año pasado. Solamente las trabajadoras sexuales llegamos a donde ni siquiera puede llegar la justicia. Desde el Estado debería haber un diálogo real con nosotras y escucharnos porque somos las que estamos en territorio. El mercado del trabajo sexual en Uruguay lo dirigen las redes de trata porque viene un tratante del negocio y te dice “mirá, traigo 15 mujeres pero ellas cobran 1500 pesos cada una la media hora. Y llega a ese local que hay 4 trabajadoras sexuales con 40 o 45 años, que cobran mucho más. Y desplazan a esas compañeras viejas. El que maneja ese mercado es el que maneja esa mercancía. Y como no tenemos cómo unificarnos, quién nos escuche, quedamos en pelotas, a merced de ellos, y con el aval del Estado.

–¿Y entonces no cree que la experiencia de legalización en Uruguay favoreció a los explotadores?

–Si, lo creo y por eso lo combato.

–¿Qué modificaciones proponen a la ley?

–Primero nos tienen que escuchar, permitirnos estar en los lugares de decisión y monitoreo. Que se dejen de hablar de nosotras y hablen con nosotras. Hace algunos años, nos daban un curso para sacarnos de la ruta y ¿sabés de qué nos capacitaron? De motosierristas. Tengo certificado para cortar cualquier palo –dice y se ríe, entre divertida e indignada por la propuesta estatal–. Hoy nos encontramos con 600 compañeras que superan los 65 años de edad en el ejercicio del trabajo sexual. Debería ser considerado un trabajo insalubre para acceder a la jubilación anticipada a los 45 años. Nuestra vida útil es como la de los jugadores de fútbol. Pero que la jubilación venga de la mano de la reorientación laboral, porque también hay una cosa: no todas las prostitutas llegan a trabajadora sexual. Ser trabajadora sexual es reconocer que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Muchas prefieren quedarse en el anonimato, por el estigma. Tenemos que ir a una policlínica en la que todo el mundo sabe que somos las locas del pueblo. Para ser puta tenés que tener ovarios, si no, no hay caso. Nos tienen que sacar del Ministerio del Interior y de Salud y tenemos que tener un registro que nos dé el Ministerio de Trabajo y nos deberían garantizar el acceso universal a salud sin aportes. Si de verdad se quiere generar un cambio, empoderar a las trabajadoras sexuales es el camino más justo.

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