ESTE TEXTO NO ES MIO SINO DE ‘POLÍTICA OBRERA’

La “readecuación de costos” anunciada hace unos días por Guillermo NIelsen, presidente de YPF, se ha traducido ahora en un agresivo plan de retiros voluntarios que apunta a la reducción de alrededor de 4.000 puestos de trabajo, sobre un total de su plantilla efectiva de 20.000. Según la Federación de Petroleros, la oferta que se le hará a los trabajadores consta de una doble indemnización, pero pagadera en 36 cómodas cuotas. La FSUPEH denunció esta iniciativa como “despidos encubiertos”, pero se limita a un llamamiento individual a los trabajadores “a no dejarse tentar”. La enorme reducción salarial -con acuerdos inferiores a los de la propia CGT- que la Federación SUPEH aceptó con la excusa de preservar los puestos de trabajo, terminó abriéndole paso a la siguiente avanzada de la “readecuación”.

Del acuerdo de la infamia…

La pandemia y la correspondiente cuarentena afectaron no sólo la demanda y la producción de petróleo, sino que ingresaron en el marco de una reducción del precio del barril que puso en jaque la rentabilidad de las inversiones en métodos “no convencionales”, entre ellas, las de Vaca Muerta. De esta crisis se ha valido el conjunto de las empresas petroleras para presionar por suspensiones al 60% del básico – muy por debajo del 75% del neto acordado por la CGT. Como el salario de los petroleros se compone, mayoritariamente, de premios y acuerdos por empresa, el pago final llega a ser del 30% del salario real. Esos valores son aún menores entre las contratistas, las cuales además se desvincularon rápidamente de los trabajadores eventuales.

Este “acuerdo de la infamia” fue renovado hace pocos días por la Federación de Sindicatos Petroleros (SUPEH), a pesar de los cuantiosos subsidios y beneficios que recibieron las empresas de parte del Estado Nacional, incluido el “barril criollo” que el estado paga 45 dólares, un 28% por arriba del valor de mercado. Pero el acuerdo de la SUPEH ha desatado una oleada de conflictos por el pago de la totalidad del salario, especialmente entre los trabajadores del petróleo de Santa Cruz, pero también entre las contratistas de Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

…a los despidos encubiertos

El anuncio de Guillermo Nielsen, días atrás, planteando la necesidad de una readecuación de costos, había sido desmentido inmediatamente por otras autoridades de la empresa. Ahora está claro que pretende la desvinculación de 20% de la plantilla total de empleados. Después de los retiros voluntarios vendrán los despidos

“A través de un comunicado, la organización gremial dejó en claro que no avala y rechaza terminantemente este procedimiento que, como ya lo vivimos anteriormente, precariza a los trabajadores que son inducidos y hasta a veces obligados por las jefaturas a aceptar el retiro”. El gremio no avala, pero deja que el desguace se produzca.

Cómo lo enfrentamos

El proceso de “readecuación de costos” impulsado por Nielsen tiene por eje la reducción de personal por pozo petrolero, valiéndose del grado de flexibilización laboral alcanzado en otros países, además de las reducciones salariales ya asumidas. El Estado nacional aplica en YPF -la mayor empresa del país- la misma política que Techint, LATAM, Axalta, Basf, entre otras: “readecuar” los salarios y los puestos de trabajo en rescate de las ganancias de los capitalistas.

El conjunto de la burocracia sindical argentina viene de anunciar su apoyo unánime al proyecto de expropiación-estatización de Vicentín -que quedaría en manos de YPF-, finalmente ha naufragado. El apoyo de los sindicatos a la “gestión estatal” de las empresas prescinde del aspecto principal, que la gestión estatal de las empresas sigue siendo capitalista. Mientras se gestiona el apoyo a la estatización capitalista, se postergan las reivindicaciones reales de los trabajadores -salarios, puestos de trabajo, condiciones. Una buena muestra de ello es el plan de “retiros voluntarios” -despidos encubiertos- y reducciones salariales anunciados por el directorio de YPF.

Los trabajadores petroleros necesitan unificar la lucha de cada pozo, de cada empresa contratista por la defensa del salario y los puestos de trabajo. Hay que unir la lucha petrolera al reguero de luchas que recorre a la industria patagónica, desde los marineros del SOMU, a los pesqueros de Puerto Deseado, a los trabajadores de Sedamil en Trelew y Río Grande. La coordinación de las luchas obreras plantea la necesidad de un congreso de trabajadores que discuta una salida propia de los trabajadores.