ESTE TEXTO NO ES MIO SINO DE SR.FEUDAL

Me tienen los huevos al plato los que opinan por con la lectura de Infobae, al mejor estilo del taxista porteño, sin tener la menor idea del delicado juego entre la alta gestión política y el alto grado de lobby del poder económico.

Técnicamente, la definición de “paraíso fiscal” recurre al mecanismo recurrido por un patrimonio o una actividad económica de asentarse en un territorio fiscal distinto al de origen para evitar su monitoreo.

El paraíso fiscal está hoy definido como la actitud gubernamental benevolente respecto de las actividades de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, aceptando laxamente las actividades de blanqueo de capitales como consecuencia de delitos precedentes. Y allí es donde cada estado debe hacer lo suyo controlando las actividades económicas que suelen usarse para ese blanqueo.

Ok, una de las causales del lavado de activos puede venir de la evasión impositiva; las restantes son actividades económicas ilícitas (estupefacientes), delitos contra la propiedad (botines de robos), el cohecho (corrupción) y la integridad humana (rescates de secuestro, trata y tráfico de personas); el financiamiento de terrorismo corre con otras lógicas.

Y no olvidemos que el nombre a esta actividad fue dado por el uso de lavanderías que Al Capone implementó para darle apariencia de legalidad a los fondos recaudados por la fabricación ilegal de bebidas alcohólicas; sólo pudieron demostrarle en aquel entonces la evasión impositiva, nada del delito precedente. Nota de color: investiguen por la existencia de altas opiniones respecto de los criterios para categorizar las actividades ilícitas.

En el caso Uruguay y sus “futuros incentivos fiscales” para las personas físicas, bien lo dice la mass media local: cada expatriado debe definir detenidamente su “centro de intereses vitales” para fijar la residencia.

Ello, ya que los países intentan alinearse con ese requisito a las pautas internacionales de residencia (básicamente, mas de 183 días de residencia efectiva en ese país y menos de 90 días en el país de origen por año calendario): los residentes tributan de puertas adentro y lavan sus chanchullos en el país en cuestión; por los inversores no residentes se debe articular el intercambio internacional de información financiera.

Por consiguiente:
a) Uruguay está cumpliendo con los requisitos legales para cumplir con el estándar de “alcance de la base imponible” de impuestos: residencia humana física efectiva por una parte, y definición del alcance territorial (jurisdiccional, y no no mundial) de la base alcanzada en segunda instancia, reduciendo significativamente la base imponible y por ende el indeleble concepto argento de presión fiscal;
b) Casi con seguridad, en este caso, para cumplir administrativamente con el protocolo internacional el titular allí radicado deberá reflejar en las declaraciones anuales las actividades y patrimonios extraterritoriales como exentos o no alcanzados;
c) asimismo incentiva con la radicación al argento evasor, pues no brindará información financiera a la Argentina por los patrimonios allí instalados de argentinos radicados, eludiendo no solo el ocultamiento impositivo de patrimonios sino también los delitos precedentes –corrupción, evasión impositiva, y actividades ilícitas-;
d) termina adoptando una actitud de -casi- ojos ciegos (y es una actitud contemplada internacionalmente amparada en los –básicamente- dos criterios tributarios: jurisdiccionales o globales) respecto de lo que cada uno hace fuera de sus fronteras.

Opinión personal: no sólo se están yendo quienes quieres evitar una mayor presión fiscal “futura”, sino quienes quieren evitar en ese futuro que el intercambio de información fiscal los desnude respecto del delito precedente (su pasado comportamiento evasor, o peor, un eslabón en el entramado de los restantes delitos de mayor gravedad).

En relación con las vacancias UTI, a interiorizarse un poco mas al respecto: si el argento promedio ni lee el Boletín Oficial para saber cómo le impacta una ley (cuanto pelotudo termina preguntando a “TN y la gente” por el alcance de una norma…), menos va a buscar data por una normativa extranjera. Además, no tenemos la más puta idea de qué es lo que Lacalle Pou remitirá a su Congreso.

Pero si el requerimiento básico para la residencia acelerada es la radicación conjunta de un patrimonio, también se le debería exigir la contratación de un seguro de salud privado de costeo personal, al mejor modo de lo establecido por España para sus “residencias no lucrativas” (ojo, estas no son residencias fiscales, sólo fomentan que el retirado sajón gaste su jubilación en la península, obteniendo ingresos por exportación de servicios, es decir mejoramos la macro y la micro sin incidencia fiscal).

Igualmente, quien entra a jugar la partida uruguaya asume la complejidad de las reglas de un juego de niños, pues las reales fortunas siempre están adelantadas, sabiendo utilizar estructuras legales siempre beneficiosas:
para botón de muestra basta ver la radicación de la sede internacional de las empresas de los Rocca en Luxemburgo, como también ya hace más de una década las inversiones de la Familia Bemberg (Quilvest).

Para mostrarnos lo pelotudos que somos al opinar al respecto, en estas latitudes son pocos los que saben que en el seno de la CEE:
i) Luxemburgo tiene perfectamente diseñado un sistema de incentivos fiscales dirigidos a las altas fortunas transgeneracionales mediante sus Société de Gestion de Patrimoine Familial;
ii) Y Malta ofrece un plan de radicación con incentivos fiscales similar al que está diseñando Uruguay.