ESTE TEXTO NO ES MIO SINO DE SIXTO RODRIGUEZ

Una fundación que es investigada por el Estado, debido a supuestos manejos irregulares de fondos, recibe cada año más dinero del Estado. En síntesis, esa es la situación de arteBA, sobre todo a finales del 2019, cuando en apenas tres meses (causal o casualmente, los últimos de la Presidencia ejercida por Mauricio Macri) comenzó a ser investigada por la Inspección General de Justicia (IGJ); recibió $ 1,5 millón para su revista de la Ciudad de Buenos Aires; otros $ 4,3 millones -del mismo aportante- por distintos conceptos; y todo ello aunque en abril el Gobierno Nacional lo había eximido de pagar IVA e impuestos de importación.

Según la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de registrar y fiscalizar sociedades de todo tipo (comerciales o sin fines de lucro), los balances 2017 y 2018 de arteBA merecen ser investigados por un manejo supuestamente irregular de gastos. La IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, abrió un expediente el 10 de septiembre del 2019, que sigue abierto como investigación en curso. En el mismo, según información a la cual accedió NA, se pone la lupa sobre dos conceptos de gastos que van de opacos a oscuros: Gastos de Organización y Honorarios. El primero es considerado una especie de caja negra donde los costos reales no parecen claros. Mientras que Honorarios está destinado a sostener el nivel de vida de Julia Converti, que es algo así como la gerente general de arteBA, y una serie de empleados que son considerados por los galeristas de arte (en definitiva, los clientes privados y razón de ser la muestra) un “establishment” que actúa en contra de sus intereses. Durante el 2018, la IGJ solicitó investigar el “detalle de la composición numérica y conceptual” de $ 15,2 millones declarados como auspicios. Ese año, arteBA declaró haber gasto $ 8,87 millones en Organización y otros $ 2,3 millones en Honorarios, ambos conceptos investigados ahora por la Inspección General de Justicia. En tanto que en 2017, cuyo balance también es investigado por el organismo de Justicia, los auspicios llegaron a $ 20,4 millones; mientras que se gastaron $ 8,1 millones en Organización y $ 2,4 millones en Honorarios.

Un cierre del 2019 a pleno aporte estatal

La relación de muchos empresario con el Estado argentino es de pleno doble discurso. “Buscamos una solución dentro del sector privado”, afirmó Sergio Nardelli, el recientemente fallecido CEO de Vicentin, el día que fue a la Residencia de Olivos para ver al presidente Alberto Fernández y buscar solución a un grupo que estaba y está al borde de la quiebra y disolución. En ese momento, Nardelli omitió que semanas antes había golpeado la misma puerta (de Presidencia, claro) pidiendo que el Estado Nacional sea socio de Vicentin, pero conservando el management en manos privadas, las mismas que llevaron al grupo empresario a esta situación. Ese comportamiento, declamatorio de lo privado y vividor del Estado, se da con arteBA. Cada vez que se le realiza una crítica a los organizadores de la muestra, recitan como un rosario o un Ave María que “somos una fundación privada”, lo cual es cierto. Pero después se dan vuelta y van a buscar recursos al Estado. A fines del 2019, esta fue la lógica más extendida en arteBA, que hizo negocio como nunca a costa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad de los impuestos que pagan los porteños con cada Ingresos Brutos, ABL o Patentes. No le alcanzó con la generosa exención impositiva que le otorgó el Gobierno Nacional en abril sobre IVA, impuestos internos y aduaneros, firmada por el presidente (Macri), el jefe de Gabinete (Marcos Peña), el ministro de Producción (Dante Sica) y el de Economía (Nicolás Dujovne). El detalle de la generosidad pública con arteBA puede verse aquí: http://www.cda.org.ar/detalle_normativa.php?id=1563

Por otra parte, el generoso gobierno porteño ha sido una gran fuente de ingresos para la fundación que este año cambió varias veces de presidente y fue acusada por los galeristas de cobrar stands en dólares y luego, pandemia y suspensión de la muestra 2020 mediante, devolver devaluados pesos. En noviembre del 2019, el gobierno de CABA le giró a Fundación arteBA $ 1,5 millón para la realización número 7 de su revista. A ese costo, seguramente con un papel e impresión de gran calidad, pero aún así difícilmente haya alcanzado ese costo global. Mientras que, en los primeros días de septiembre pasado, la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorgó otros $ 4,3 millones a través del Ministerio de Cultura, para la iniciativa Gallery Weekend Buenos Aires (GWBA). La modalidad de compra fue, como no podía esperarse de otra manera, la Contratación Directa. Todo esto ocurrió mientras, a puro manotazo de fin de época, el gobierno de Mauricio Macri intentaba que la Inspección General de Justicia (IGJ) pasara del Estado Nacional hacia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el argumento de la territorialidad. De la misma forma que el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se afanab para que el mismo destino tuviera el Puerto de Buenos Aires.

Pretendían cambiar de Estado a organismos que siempre fueron nacionales. Por supuesto, la motivación en el caso de la IGJ no fue específicamente el caso de arteBA, sino cubrir los pasos, y tener bajo el propio dominio, a muchas otras sociedades. Como no fue posible, hay más posibilidades políticas de investigar.